9 de diciembre de 2016

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

El Título II “De los Derechos y Deberes Fundamentales” consta del artículo 10 relativo a los derechos de las personas y cinco capítulos: i) De los españoles y los extranjeros: artículos 11-13; ii) Derechos y Libertades: artículos 14-38; iii) De los principios rectores de la política social y económica: artículos 39-52; iv) De las garantías de las libertades y derechos fundamentales: artículos 53-54; v) De la suspensión de los derechos y libertades: artículo 55.

El artículo 10 establece que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. A continuación señala que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

El Capítulo I “De los españoles y extranjeros” trata cuestiones como la nacionalidad, mayoría de edad, derechos de los extranjeros, extradición o asilo. Por Reforma de 27 de agosto de 1992 se modificó el artículo 13.2 relativo a los derechos de participación política, que era contrario al Tratado de la Unión Europea, de forma que se hace posible que el ordenamiento jurídico español incorpore normas sobre el derecho de sufragio pasivo en las elecciones municipales de los ciudadanos comunitarios residentes en España.

El Capítulo II “Derechos y libertades” consta del artículo 14 relativo a la igualdad ante la ley y de dos secciones: i) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas: artículos 15-29; ii) De los derechos y deberes de los ciudadanos: artículos 30-38.

El artículo 14 señala que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

El artículo 15 señala que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra

El artículo 16 señala que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”. A continuación indica que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias”. Por último señala que “ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

El artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”. En cuanto a la detención preventiva, durará el tiempo necesario para el esclarecimiento de los hechos y un máximo de 72 horas, poniendo al detenido en libertad o a disposición judicial. En cuanto a los derechos del detenido, se indica que “toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”. Termina el artículo señalando que “la ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisionaltodas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Y a continuación indica que “todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Finaliza señalando que “la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos

El artículo 25 recoge el principio de legalidad penal, señalando que “nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. A continuación indica que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social, prohibiendo los trabajos forzados.

Se reconocen y garantizan otros derechos y libertades como el derecho de reunión (art. 21.1), manifestación (art. 21.2), derecho de participación (art. 23), la prohibición de Tribunales de Honor (art. 26), la libertad de enseñanza y derecho a la educación (art. 27), la libertad de sindicación (art. 28.1), el derecho a la huelga (art. 28.2), o el derecho de petición (art. 29).

La sección 2ª recoge los derechos y deberes de los ciudadanos, como derecho-deber de defender España (art. 30.1), la objeción de conciencia (art. 30.2), la contribución al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31), el derecho a la propiedad (art. 33), el derecho a la negociación colectiva o a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37), o a la libertad de empresa (art. 38).

El capítulo III recoge los principios rectores que deben orientar la política social y económica, tales como el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social (art. 41), la protección de la familia (art. 39), la salvaguarda de los trabajadores españoles en el extranjero (art. 42), el fomento del deporte (art. 43.3), el acceso a la cultura (art. 44.1), o la defensa de los consumidores (art. 51).