11 de diciembre de 2016

GARANTÍAS Y SUSPENSIÓN DE LAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Los artículos 53 y 54 de la Constitución recogen las garantías de las libertades y derechos fundamentales.

El primer punto del artículo 53 señala que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título II, es decir los artículos 14 a 38, vinculan a los poderes públicos. Estos derechos y libertades se regulan por ley, que debe respetar el contenido esencial que recoge la Constitución. La tutela de estos derechos podrá realizarse mediante la interposición del recurso de inconstitucionalidad (art. 161.1.a). de la Constitución) ante el Tribunal Constitucional.

El segundo punto del artículo 53 señala otra forma en que los propios ciudadanos pueden recabar la tutela de sus derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29: i) mediante procedimiento de carácter sumario y preferente ante los tribunales ordinarios, regulado por la ley de jurisdicción contencioso-administrativa; ii) mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En este segundo caso, será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

El artículo 53 finaliza señalando que “el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”.

El artículo 54 recoge la otra garantía en la defensa de los derechos y libertades reconocidos a los ciudadanos, y es la figura del Defensor del Pueblo, institución que se regula mediante Ley Orgánica y se configura como Alto Comisionado de la Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I.

La suspensión de derechos y libertades se recoge en el artículo 55. El punto primero trata el caso de la suspensión colectiva, y el segundo de la suspensión individual.

La suspensión colectiva podrá cuando se acuerde la declaración de estado de excepción o sitio, no en caso de estado de alarma. Los derechos que podrán verse afectados son: i) los relativos a libertad y seguridad, detención preventiva, garantías del detenido o prisión provisional (es decir los contenido en el artículo 17, salvo el punto 3 relativo a garantías del detenido, que solo podrá suspenderse en caso de estado de sitio); ii) inviolabilidad del domicilio y secreto a las comunicaciones (arts. 18.2 y 3); iii) libertad de residencia y circulación (art. 19); iv) derecho a la libertad de expresión y secuestro de publicaciones (art. 20.1.a. y d, y art. 20.5); v) derecho de reunión y manifestación (art. 21); vi) derecho a la huelga (art. 28.2); vii) derecho de empresarios y trabajadores a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2).

La suspensión individual afecta al plazo máximo de detención (art. 17.2), la inviolabilidad del domicilio y secreto a las comunicaciones (arts. 18.2 y 3). La forma y casos se determina mediante Ley Orgánica, siendo necesaria intervención judicial y existiendo control parlamentario, y únicamente podrán suspenderse en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.