19 de diciembre de 2016

LAS CORTES GENERALES (III)

El Capítulo II "De la elaboración de las leyes", se incardina en el Título III "De las Cortes Generales" de la Constitución, en los artículos 81 a 92, siendo la función legislativa una de la principales funciones de las Cámaras.

Leyes Orgánicas: son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Su aprobación, modificación o derogación exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Decretos Legislativos: normas con rango de ley dictadas por el Gobierno por delegación previa de las Cortes Generales. No cabe delegar en materias reservadas a las leyes orgánicas. La delegación legislativa puede otorgarse: i) mediante una Ley de bases, para la formación de textos articulados, sin que en ningún caso la ley de bases pueda autorizar la modificación de la propia ley de bases o pueda facultar para dictar normas con carácter retroactivo; ii) mediante una Ley ordinaria, para refundir varios textos legales en uno.
La delegación se otorga expresamente en el Gobierno, sin que se permita la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno, referida a una materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio, sin que pueda entenderse otorgada de forma implícita o por tiempo indeterminado. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Decretos-Leyes: disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad. No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
Los Decretos-Leyes deben ser sometidos a debate y votación en el Congreso, que podrá: a) convalidar el Decreto-Ley; b) derogarlo; c) tramitarlo como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

Iniciativa legislativa:  Corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa.

Iniciativa legislativa popular: se regula en el artículo 87.3 de la Constitución y en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular. Se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Proyectos de Ley: son las propuestas de ley presentadas por el Gobierno. En primer lugar se elabora un Anteproyecto de Ley, que una vez aprobado en Consejo de Ministros, se someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
Una vez se apruebe el Proyecto de Ley en el Congreso, pasará al Senado para que se pronuncie en el plazo de dos meses (o veinte días naturales en caso de tramitarse por el procedimiento de urgencia). El Senado podrá: i) vetar el Proyecto de Ley; ii) presentar enmiendas.
El veto podrá ser levantado por el Congreso por mayoría absoluta, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo.
Las enmiendas podrán ser aceptadas o no por mayoría simple.

Proposiciones de Ley: son las propuestas de ley presentadas por las Cámaras. Las proposiciones tomadas en consideración en el Senado, se remitirán al Congreso para su tramitación.

La leyes aprobadas por las Cortes Generales serán sancionadas por el Rey en el plazo de quince días, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.

Referéndum: se regula en el artículo 92 de la Constitución y en la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso. Podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos las decisiones políticas de especial trascendencia.