13 de enero de 2017

ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO

El artículo 116 de la Constitución, con el que se cierra el Título V "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales", recoge la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio, que son posteriormente desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

El precepto constitucional se limita a establecer la forma en que produce al declaración de cada uno de dichos estados, en que casos no procede su declaración, y a indicar que la declaración de cualquiera de dichos estados no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes.

La Ley Orgánica desarrolla la regulación de cada uno de los estados y establece una serie de disposiciones comunes a todos ellos.
Entres esas disposiciones comunes, podemos encontrar las siguientes: i) La declaración de estos estados procede cuando se den circunstancias extraordinarias que hagan imposible mantener la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades, sin que esto signifique que se interrumpa el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado; ii) Se tomarán las medidas indispensables, cuya aplicación debe ser proporcionada, para el restablecimiento de la normalidad; iii) Su declaración se publicará en el BOE, entrando en vigor el mismo día de su publicación; iv) Los actos y disposiciones administrativos tomados durante la vigencia de estos estados son impugnables en vía jurisdiccional.

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados cualquiera de los estados, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.

El Estado de Alarma procede en aquellos casos en que se produzca una grave alteración de la normalidad. Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros (que determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma) por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.

El Estado de Excepción procede en aquellos casos en que el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

El Estado de Sitio procede en aquellos casos en que se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.