27 de enero de 2017

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (II)

El Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma a la que el Estado reconoce como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Pero no deja de ser una norma que deriva de la propia Constitución y cuyos límites debe respetar, formando parte del llamado bloque de la constitucionalidad, es decir de aquel conjunto de normas que sirve como parámetro para determinar la constitucionalidad de las leyes.

Los Estatutos de Autonomía tienen un contenido mínimo: i) denominación de la Comunidad Autónoma; ii) delimitación de su territorio; iii) denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; iv) competencias asumidas.
Cabe la reforma de los Estatutos de Autonomía, según el procedimiento establecido en los mismos, pero en todo caso se requiere la aprobación de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

El artículo 148 de la Constitución recoge las competencias que puede asumir la Comunidad Autónoma, y en el artículo 149 las competencias que son exclusivas del Estado. Aquellas competencias que no sean exclusivas del Estado o estén expresamente atribuidas al Estado, podrán ser asumidas por la Comunidad Autónoma.
Las materias no asumidas por la Comunidad Autónoma, corresponderán al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades podrá celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios, siempre que esté previsto en los Estatutos. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Es posible la atribución de competencias a las Comunidades Autónomas mediante la utilización de leyes marco y leyes orgánicas de transferencia o delegación, previstas en los artículo 150.1 y 150.2.
Mediante leyes marco las Cortes Generales podrán atribuir a todas o algunas Comunidades la facultad para dictar normas de competencia estatal para sí dentro de un principios, bases y directrices fijadas en la propia ley.
Mediante las leyes orgánicas de transferencia o delegación el Estado podrá transferir o delegar a las Comunidades competencias estatales que por su propia naturaleza sean delegables.

Por su parte, el Estado podrá incidir en las competencias de las Comunidades Autónomas a través de las leyes de armonización, previstas en el artículo 150.3 de la Constitución, cuando así lo exija el interés general. Las Cortes Generales apreciarán esta necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara.