26 de enero de 2017

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (I)

El artículo 2 de la Constitución dispone: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Las Comunidades Autónomas, al igual que los municipios y provincias, gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El legislador no identifica las Comunidades Autónomas ni establece una lista de cerrada de las mismas, sino que deja en manos de las entidades competentes la iniciativa de ejercer el derecho a la autonomía que recoge el artículo 2 de la Constitución.

El artículo 143.1 de la Constitución nos dice que pueden ejercer la iniciativa autonómica las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica.

El artículo 143.2 establece que la iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas (o en su caso al órgano interinsular correspondiente) y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente la mayoría del censo electoral de cada provincia (o isla). Los requisitos deben cumplirse en el plazo de seis meses. De no prosperar la iniciativa no podrá plantearse hasta pasados cinco años.

Una Asamblea compuesta por los miembros de la Diputación (en su caso órgano interinsular), Diputados y Senadores de las provincias afectadas elaborarán un proyecto de Estatuto que será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

Las Comunidades Autónomas podrán asumir las competencias establecidas en el artículo 148 de la Constitución, y una vez pasados cinco años, podrán ampliar competencias a través de la reforma de sus Estatutos respetando lo dispuesto en el artículo 149 en cuanto a competencias exclusivas del Estado.

La vía de acceso a la autonomía del artículo 151 permite asumir a las Comunidades Autónomas mayores competencias desde el principio sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de cinco años mencionado anteriormente.

En este caso, la iniciativa del proceso autonómico es iniciado por todas las Diputaciones interesadas (o en su caso al órgano interinsular correspondiente) y a las 3/4 partes de los municipios cuya población represente la mayoría del censo electoral de cada una de ellas. La iniciativa deberá ser ratificada mediante referéndum y obtener mayoría absoluta de los electores de cada provincia.

Una Asamblea compuesta por los Diputados y Senadores de las provincias afectadas deberán elaborar un proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de mayoría absoluta de sus miembros. Aquí pueden darse dos supuestos: A) Aprobado el Estatuto, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, que lo examinará junto con una delegación de la Asamblea proponente. De llegar a un acuerdo, se someterá a referéndum en los territorios afectados. Si es aprobado en cada provincia, se eleva a las Cortes Generales. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley; B) De no existir acuerdo, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado será sometido a referéndum en los territorios afectados. En caso de ser aprobado en cada provincia, se procederá a su promulgación.

En los Estatutos aprobado según la vía del artículo 151, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. Y un Tribunal de Justicia en el que culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

El artículo 144 de la Constitución establece otros supuestos de acceso a la autonomía. Establece que las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional: a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.