16 de enero de 2017

PODER JUDICIAL

El Poder Judicial se recoge en el Título VI de la Constitución, artículos 117 y siguientes.

El art. 117.1 de la Constitución señala que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". Estos Jueces y Magistrados, que son quienes integran el Poder Judicial, son quienes ejercen la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado así como las funciones que determine la ley(art. 117.3 de la Constitución).

Si los Jueces y Magistrados que forman el Poder Judicial son los que ejercen la potestad jurisdiccional, ¿en que situación se encuentra el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional no se encuentra regula en el Título VI de la Constitución, sino en el Título IX. No puede hablarse de Tribunal, aunque funcione como uno. El máximo órgano jurisdiccional en todos los ordenes es el Tribunal Supremo, salvo para lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, tal como señala el art. 123 de la Constitución.
El Tribunal Constitucional se configura como interprete supremo de la Constitución, por lo que su relación con el Tribunal Supremo no es una cuestión de jerarquía, sino de competencia.

Para el ejercicio de su función los Jueces y Magistrados deben ser independientes del resto de Poderes del Estado, por lo que están sometidos únicamente al imperio de la ley, sin que puedan ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados sino es en aquellos casos que establece la ley.

Como se dice en el artículo 117.5 de la Constitución, la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales responde al principio de unidad jurisdiccional. Por tanto, la jurisdicción es única y se ejerce por Jueces y Tribunales en la forma prevista en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Los órganos de la jurisdicción militar también son parte integrante del Poder Judicial del Estado, basándose en el principio de unidad jurisdiccional y administrando justicia en el ámbito castrense y, en su caso, en las materias que establezca la declaración del estado de sitio.

Por lo general, las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes procesales. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en material criminal. Las sentencias serán siempre motivadas y pronunciadas en audiencia pública.

A efectos judiciales, el Estado se organiza en municipios, partidos, provincias y Comunidades Autónomas.

Existen distintos órganos, funcionarios y profesionales que, sin ser parte del Poder Judicial, colaboran de una u otra forma con el mismo haciendo posible su tutela en los términos establecidos por la Constitución. Así nos encontramos con: i) el Ministerio Fiscal, encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social; ii) Abogados y Procuradores, a los que se encarga la dirección técnica y representación de las partes; iii) La Policía Judicial, como institución que coopera y auxilia a la Administración de Justicia en el averiguamiento del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, se ve potenciada por el establecimiento de unidades funcionalmente dependientes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.